Primeres notes sobre Carme Trilla, ex Secretaria d’habitatge de la Generalitat

“En toda Cataluña hubo venta ilegal de pisos sociales”

LL. PELLICER / M. COSTA-PAU 18/11/2010

“En la época del boom inmobiliario, operaciones de compraventa de viviendas sociales por el precio que no figuraba en la escritura eran un fenómeno común en Cataluña, no solo en Badia”. Así lo asegura la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, que sostiene que no recibió ninguna denuncia, tampoco del Ayuntamiento, sobre las ventas irregulares en el municipio.

Pregunta. Si la Generalitat sabía que la venta irregular de pisos protegidos era una práctica común, ¿por qué no se controló?

Respuesta. Precisamente porque éramos conscientes de que se estaban realizando compraventas de vivienda protegida que no controlábamos impulsamos la Ley del Derecho a la Vivienda, que entró en vigor a mediados de 2008, y un registro de solicitantes de vivienda pública.

P. ¿Hasta 2008 no había ningún tipo de control para perseguir una práctica ilegal?

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R. No sistemático, solo si había una denuncia. Ahora sí, disponemos de la colaboración de notarios y registradores, que no podrán formalizar ninguna escritura de compraventa de vivienda protegida sin habernos preguntado antes si hemos ejercido el derecho de tanteo sobre ella o si hemos cedido este derecho a otro a través del registro de solicitantes. Esta medida aporta transparencia sobre los compradores y el control del precio.

P. Pero los contratos sí pasan por la Generalitat.

R. Hasta ahora solo era para comprobar que el comprador cumplía los requisitos para adquirir una vivienda protegida y confirmar que se vendía por el precio máximo establecido. El papel que nos llegaba decía que estos requisitos se cumplían.

P. En Badia se daban hipotecas por 15 veces el valor del precio escriturado, con lo que se deduce que en la operación había dinero negro.

R. En estos años sí ha habido dinero negro, pero la Administración no tenía mecanismos para saberlo, porque no ha podido intervenir en estas operaciones.

P. ¿Hubo denuncias por operaciones fraudulentas en Badia?

R. No nos llegó ninguna. Y es muy difícil actuar si nadie denuncia.

P. Pero la alcaldesa de Badia asegura que había avisado de estas compraventas irregulares ante Adigsa.

R. En primer lugar, debo decir que no es Adigsa la responsable, sino la Secretaría de Vivienda. Y no hubo denuncias ni avisos, a pesar de que se hicieron muchísimas compraventas. Habríamos actuado con denuncias concretas, pero no las hubo.

P. ¿Cuántas operaciones fraudulentas se hicieron?

R. No lo sabemos. Hay 80 familias afectadas porque han quedado en el paro. Al no pagar su hipoteca, surge otro problema, el de la posible pérdida de la vivienda. La Generalitat lleva dos años de trabajo con las entidades financieras para que, a falta de un marco legislativo protector, se lograra un acuerdo para que estas personas no se queden en la calle. Hemos conseguido que la entidad [Catalunya Caixa] les condone la deuda y se quede con sus viviendas, anque dejando que permanezcan en ellas en régimen de alquiler. El único lugar en que existe una masa crítica importante de estos casos es en Badia, y por ello es donde las conversaciones con las entidades financieras han avanzado más.

P. ¿Y en el resto de Cataluña?

R. Nos hubiera gustado que hubiera sido extensivo a todas las entidades financieras y a toda Cataluña, pero no hemos llegado a un acuerdo.

P. Sorprende que en Badia las cajas dieran hipotecas por 200.000 euros cuando allí el 99% de las viviendas valen 40.000 euros de media.

R. Decían que tenían unas tasaciones que daban valores superiores, quizá pensando que estas viviendas se llegarían a liberalizar, pero eso no ocurrirá hasta 2023. Los cálculos de las tasaciones no los conocemos.

P. Finalmente se decidió duplicar el valor de los pisos.

R. Llevábamos años trabajándolo, pero había oposición porque existía el miedo de que significara una subida del IBI. A principios de este año, cuando se planteó de nuevo, todo el mundo lo entendió. No tiene sentido que un piso protegido de Badia valga la mitad que en Sabadell. El Ayuntamiento se ha comprometido a no duplicar de golpe el IBI, sino a subirlo de forma gradual.

P. ¿Cómo ve que una asociación de vecinos haya decidido llevar el caso de Badia a la fiscalía?

R. No sé si lo llegarán a hacer, me gustaría saber si entre ellos hay personas que vendieron por encima del precio legal.

P. La alcaldesa ha acusado a Adigsa de ineficaz e inoperante.

R. Por ser municipio protegido, Badia está recibiendo una cantidad de inversion pública extraordinaria, cuando no tenemos la obligación de hacerlo. Las viviendas no son de Adigsa, sino de sus titulares. Aun así, Adigsa ha invertido en los últimos años unos 54 millones en reparar problemas estructurales y de mantenimiento de los edificios.

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